Un intenso debate para aprobar el nuevo Código Procesal Penal

• 17 marzo, 2015
• gráfica

05/12/2014 La Prensa – Nota – Política – Pag. 8

La oposición denunció que se busca garantizar impunidad para los funcionarios del Gobierno

En tanto, desde el oficialismo aclararon que la norma le da protagonismo a la víctima y, entre otras cosas, utiliza de manera rigurosa el esquema de garantías y la oralidad.

La Cámara de Diputados se aprestaba anoche a aprobar, en una sesión especial, el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, pese a las fuertes críticas de la oposición que coincidió en denunciar que la propuesta fue impulsada para garantizar “impunidad” para los funcionarios del Gobierno.
La reunión se inició a las 12.20 con la presencia de 129 legisladores en el recinto, el quórum mínimo exigido por el reglamento, que logró conformar el Frente para la Victoria con un puñado de aliados.
El tratamiento del nuevo Código Procesal había sido puesto por la Comisión de Labor Parlamentaria al final de la sesión especial, pero se adelantó el debate al principio de una reunión. Graciela Giannettasio (FpV), como presidenta de la Comisión de Justicia, fue la miembro informante del oficialismo y destacó que “este Código le da protagonismo a la víctima” y, entre otras cosas, “utiliza de manera rigurosa el esquema de garantías y la oralidad”.
Sin embargo, desde el radicalismo se insistió con que el nuevo Código Procesal Penal permitirá nombrar casi 1.700 cargos en el Ministerio Público afines al Gobierno. En este sentido, Manuel Garrido (UCR) advirtió en el recinto que llama “la atención que lo único que se va a aplicar” en lo inmediato tras la sanción del Código “es el Anexo 2, que implica un incremento sustancial en la planta de funcionarios públicos designados”, lo cual dijo luego que “responde al nefasto esquema del Ministerio Público especular”.
“No nos rasguemos las vestiduras”, contestó la ultrakirchnerista Diana Conti para rechazar las críticas de la oposición y asegurar que “esos cargos que se crean son cargos bien habidos y bien dados” y “aún con el Código actual, con la procuradora de la Nación cuestionada, como la quieren hacer ver, es insuficiente” el personal del Ministerio Público para que “se aceleren los juicios”.
Sin embargo, el massista Gilberto Alegre no se mostró convencido con la explicación de la diputada oficialista ya que denunció que el proyecto oficial busca “la designación inmediata de funcionarios adictos al Gobierno que garantice a futuro impunidad”.
El macrista Pablo Tonelli aseveró que junto a esta reforma es “imprescindible” una nueva ley de Ministerio Público que “le reste discrecionalidad al procurador general a la hora de tomar decisiones. El proyecto viola la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”, agregó.
Por su parte, el mendocino Julio Cobos indicó que “antes del Código Procesal Penal” se tendría que haber empezado por “el Código Penal”, cuyo tratamiento no prosperó en el Congreso.
La iniciativa oficial incluye profundas modificaciones respecto del Código actual, entre las que se destacan, además del nombramiento de 17 fiscalías, la suspensión del proceso a prueba y la posible expulsión del país a los extranjeros que hayan sido encontrados cometiendo un delito en flagrancia.
Entre otras cuestiones, se busca pasar del modelo inquisitivo al acusatorio; establece que la investigación preparatoria del fiscal puede tardar hasta un año y concluye con la acusación del imputado, mientras que todo el proceso, incluido el juicio, no puede durar más de tres años

La Cámara de Diputados comenzó el debate al mediodía y lo culminó bien entrada la madrugada.