Los Andes. 31/10/2017.
Dejará su puesto el 31 de diciembre. En la decisión de la jefa de los Fiscales influyó el triunfo de Cambiemos.
Dentro de dos meses Alejandra Gils Carbó saldrá por última vez del despacho en que desde hace cinco años se desempeña como jefa de los fiscales federales.
Procesada en una causa de corrupción y debilitada por el triunfo electoral de Cambiemos, que quería que se fuera, la procuradora general de la Nación le presentó ayer su renuncia al presidente Mauricio Macri, quien ahora deberá nombrar un reemplazante, que ya no sería vitalicio en el cargo.
La salida de Gils Carbó, tal como lo detalló en su carta de renuncia, se hará efectiva el 31 de diciembre próximo, tras dos años sin Cristina Kirchner en el poder durante los cuales que no dejó de repetir que resistiría: «No puedo dejar que destruyan la autonomía del Ministerio Público (Fiscal)».
Pero en la última semana cambió de opinión, sobre todo después de que el oficialismo anunció que este mismo año buscará cambiar el mecanismo de remoción del procurador, para que ya no se necesiten los dos tercios de los votos en el Congreso para echarlo sino mayorías simples.
Hace dos semanas, el juez Pablo Cayssial, jefe del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°9, declaró inconstitucional el mecanismo de remoción establecido en la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal por considerar que no puede ser equivalente al que rige para el presidente, el vicepresidente, los ministros y los jueces de la Corte Suprema.
Como para el procurador general de la Nación -una vez que se modifique el mecanismo de remoción- ya no se requerirían los dos tercios de los votos de la Cámara baja para acusarlo de mal desempeño y los dos tercios del Senado para destituirlo, los días de Gils Carbó como jefa del Ministerio Público Fiscal (MPF) estaban contados.
Reforma en puerta
En octubre del año pasado todo estaba listo para darle media sanción a la reforma del MPF, pero la iniciativa se frustró luego de que la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, cuestionara el proyecto del propio oficialismo.
La fundadora de la alianza Cambiemos planteó entonces su desacuerdo con el recorte de facultades al procurador, independientemente de que se trate de Gils Carbó; el excesivo poder que se le otorgaba a la comisión bicameral de seguimiento del MPF, presidida por la massista Graciela Camaño, con quien tiene mala relación, y la duración del mandato -es vitalicio- establecida en la iniciativa, de cinco años con posibilidad de prórroga por otros cinco años más. Ella quería que fueran 10.
En su carta de renuncia, Gils Carbó dijo que espera que su renuncia «disuada reformas que rompan el equilibrio que debe regir en el sistema de administración de justicia», que a su criterio ya está «debilitado».
Pero el oficialismo quiere que la reforma de la ley orgánica del MPF se sancione este mismo año. Para ello, buscarán consensuar algunas modificaciones. Entre ellas, el mecanismo de remoción y la duración del mandato.
«La modificación de la ley no estaba supeditada a la presencia de Gils Carbó en la Procuración: se iba a hacer igual. Estamos tratando de acordar el texto, cambiaríamos algunas cosas del dictamen. Pero lo único que falta es incluir el asunto en el temario de la sesión», dijo Los Andes el diputado macrista Pablo Tonelli.
La idea del oficialismo es que el próximo procurador que designe Macri -y cuyo pliego deberá ser aprobado por los dos tercios de los votos del Senado- asuma con una nueva ley orgánica del MPF en vigor.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que la renuncia de Gils Carbó permitirá «fortalecer la independencia del Poder Judicial y su eficacia» y anticipó que en el Gobierno no creen «que su reempalzante tenga que ser alguien de militancia política sino reconocido por su trayectoria».
Fue un plan B
Gils Carbó llegó a ser jefa de los fiscales federales el 30 de agosto de 2012, luego de la renuncia de su antecesor, Estaban Righi -quien había renunciado luego de que el entonces vicepresidente, Amado Boudou, acusara a su estudio jurídico de hacer lobby y traficar influencias en el ámbito judicial-, y de que el procurador propuesto inicialmente por Cristina Kirchner, Daniel Reposo, retirara su postulación porque la oposición criticó, entre otras cosas, que había puesto datos falsos en su currículum.
Gils Carbó fundó y es la principal referente de Justicia Legítima, una agrupación de magistrados kirchneristas que sirvió de plataforma de promoción y respaldo a la frustrada reforma judicial de Cristina Kirchner.
El oficialismo la acusa de haber obstaculizado la investigación por presunto lavado de dinero al empresario Lázaro Báez, cercano al matrimonio Kirchner, y de la creación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), al frente de la cual puso al cordobés Carlos Gonella, un abogado que no era fiscal y que había sido designado de manera regular. Renunció en abril de 2016.
Las irregularidades
Además, a Gils Carbó se la cuestiona por la discrecionalidad en los concursos para seleccionar fiscales y la cobertura de cargos sensibles con fiscales que concursaron y fueron seleccionados para otras jurisdicciones, como las de General Pico (La Pampa), Goya (Corrientes), Tartagal (Salta) y la capital de Santiago del Estero, y que terminaron siendo nombrados como titulares de fiscalías federales en la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires.
A esas acusaciones, se le suma el procesamiento por la compra de un edificio en el microcentro porteño, donde pasó a funcionar el MPF. El juez federal Julián Ercolini la considera coautora del delito de administración fraudulenta.
Los nombres que suenan para reemplazarla
Hay candidatos de la Justicia y de la política. Deben pasar el filtro del Senado, donde son clave los votos del PJ.
Conocida la renuncia de Alejandra Gils Carbó, se reavivaron las versiones sobre los posibles reemplazantes. Entre los principales nombres que suenan están el jurista Alberto García Lema, los jueces Ricardo Recondo, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, la diputada Margarita Stolbizer y los fiscales Ricardo Sáenz, Guillermo Marijuan, Raúl Pleé, Carlos Rívolo y José María Campagnoli, el candidato de Elisa «Lilita» Carrió.
El procurador general de la Nación es designado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo de dos tercios de los miembros presentes del Senado. Allí será clave el apoyo del PJ.
José María Campagnoli ejerce como fiscal desde 1993. En 2013 Gils Carbó impulsó su destitución, por intentar investigar al empresario K Lázaro Báez. Fue suspendido durante siete meses, hasta que en julio de 2014 fue restituido en su cargo.
En noviembre de 2015, la diputada Elisa Carrió dijo públicamente que quería que «el procurador general sea Campagnoli»; aunque reconoció que esa era una decisión de Macri.
Alberto García Lema es impulsado como procurador general de la Nación por el peronismo y dejaría conformes al massismo y al kirchnerismo. Fue conjuez de la Corte Suprema y procurador del Tesoro.
Pero su avanzada edad es el principal inconveniente para su tarea, ya que tiene 75 años.
Gustavo Hornos y Mariano Borinsky son jueces de la Cámara Federal de Casación Penal. Hornos fue fiscal en lo Criminal y Correccional Federal y presidió la Junta de Presidentes de Cámaras Federales de todo el país. Borinsky fue fiscal en lo Penal Económico y preside la Comisión encargada de elaborar el anteproyecto de reforma del Código Penal.
Ricardo Recondo es juez de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial de Capital Federal. Fue presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional e integró el Consejo de la Magistratura.
La diputada Margarita Stolbizer, cuyo mandato vence el 10 de diciembre, es una de la principales denunciantes de la corrupción kirchnerista.
Denunció a Cristina Kirchner, en la causa Hotesur y publicó el libro «Yo acuso. En busca de la verdad y la justicia». Aliada a Sergio Massa, fue candidata a segunda senadora en las últimas elecciones de la provincia de Buenos Aires.
También suena para ocupar la procuración el fiscal ante la Cámara de Casación Penal, Raúl Pleé. En 2012 fue desplazado por Gils Carbó de la Unidad de Investigación de Lavado de Dinero.
Pleé es socio de Boca Juniors y formó parte de una Comisión Asesora en seguridad deportiva, creada en 2007 por Mauricio Macri.
Ricardo Sáenz, fiscal general ante la Cámara del Crimen, tuvo una activa participación en la investigación sobre la muerte del ex fiscal Alberto Nisman y dictaminó que fue asesinado.
Sáenz es vicepresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, desde donde fue un duro crítico de la actuación de Gils Carbó.
Guillermo Marijuan es titular de la Fiscalía Federal N° 9. La procuradora Gils Carbó lo removió en 2012 de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social, aunque luego fue repuesto en ese cargo.
Desde 2013 tiene a su cargo la investigación sobre lavado de dinero contra Lázaro Báez.
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