Restringiendo derechos.

• 8 julio, 2021
• Notas de Opinion

Clarín.

08/07/2021

El presidente de la Nación ha restringido severamente el derecho a la libre elección de la obra social del que, hasta ahora, gozaban los trabajadores en relación de dependencia.
El presidente de la Nación ha restringido severamente el derecho a la libre elección de la obra social del que, hasta ahora, gozaban los trabajadores en relación de dependencia. Lo hizo mediante el decreto 438/21 ya publicado en el Boletín Oficial.La decisión va claramente a contramano del manido aforismo de la “ampliación de derechos” que le gusta repetir al actual gobierno. Porque muy por el contrario de lo que supone esa consigna, la decisión constituye casi una aniquilación del derecho.Desde 1998, la libre elección de obra social permitía a los trabajadores, precisamente, elegir libremente y desde el primer día de la relación laboral, a qué obra social afiliarse y dirigir sus aportes.Pero a partir de la innovación dispuesta por decreto los trabajadores estarán obligados a permanecer, al menos un año, afiliados a la obra social correspondiente a la actividad en la cual se produzca su ingreso al trabajo formal. Con absoluta prescindencia, claro está, de que esa obra social, ahora obligatoria, sea buena o mala (como las hay muchas) y de los deseos y derechos del trabajador.La pregunta, entonces, es ¿por qué y para qué se hizo esta modificación? Y la respuesta es sencilla: para beneficiar a los jerarcas sindicales y proteger las finanzas de sus obras sociales, o sea la “caja” de la cual se nutren.Ciertamente no fue el bienestar o los derechos de los trabajadores lo que se tuvo en mira a la hora de tomar la decisión. Porque está claro que lo mejor para el trabajador es elegir la obra social a la cual quiere estar afiliado con total libertad y desde el primer día de la relación laboral. ¿Quién mejor que el propio aportante puede elegir la obra social más conveniente para su salud y la de su familia?Muchas, muchísimas, de las obras sociales sindicales brindan pésimas prestaciones a sus afiliados, pero esa deficiencia era superable mediante la libre elección de otra obra social, una buena y eficiente, que podían realizar los trabajadores. La única consecuencia negativa de esa libre elección es que las malas obras sociales se quedaban sin afiliados y sin ingresos (y los sindicalistas sin “caja”).Lamentablemente, esa posibilidad desapareció. Y lo peor del caso es que el Gobierno y los dirigentes sindicales han exhibido una notoria empatía y una llamativa coincidencia para perjudicar a los trabajadores (a los que, supuestamente, deberían representar y defender). Ojalá sea ésta la última restricción de derechos que disponga el Presidente.Pablo Tonelli es diputado nacional (Juntos por el Cambio)