Repudio al proceso de jury de enjuiciamiento seguido contra la fiscal Cecilia Andrea Goyeneche en la provincia de Entre Ríos.

• 22 mayo, 2022
• Proyecto de declaración, Proyectos

La H. Cámara de Diputados de la Nación DECLARA Su condena y reprobación al proceso de jury de enjuiciamiento seguido contra la fiscal Cecilia Andrea Goyeneche en la provincia de Entre Ríos, el cual genera preocupación en la ciudadanía por ser un proceso con diversas arbitrariedades, a partir del cual se pone en riesgo la forma republicana de gobierno en la provincia de Entre Ríos y se expone a la República Argentina a eventuales responsabilidades internacionales ante la afectación de Derechos Humanos consagrados en instrumentos internacionales suscriptos por nuestro país.

FUNDAMENTOS Sr. Presidente: La Dra. Cecilia Andrea Goyeneche es Procuradora Adjunta de la provincia de Entre Ríos. Con una aquilatada trayectoria profesional, esta magistrada se ha desempeñado como fiscal del Ministerio Público de Entre Ríos desde hace más de 15 años, siendo además una reconocida docente de la materia Derecho Penal en la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional del Litoral. Como Fiscal Anticorrupción, la Dra. Goyeneche coordinó el equipo de fiscales que llevó adelante la investigación de distintas causas de corrupción en la provincia de Entre Ríos, entre ellas, aquella a partir de la cual resultó condenado a ocho años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos el ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Daniel Urribarri, por la comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado. Esta condena, tan grave como ejemplar, ha tenido tal contundencia que derivó en la renuncia de Urribarri a su cargo de embajador en Israel y Chipre. Pero mientras ese proceso judicial en contra del exgobernador y otros funcionarios de su gestión avanzaba, comenzaron las presiones y represalias contra la fiscal. Fue así que la Dra. Goyeneche fue sometida a un proceso de enjuiciamiento con la finalidad de destituirla, en el que no solo se la suspendió en sus funciones, sino que, además, en su desarrollo se han verificado graves irregularidades, que no hacen más que evidenciar que el mismo constituye un claro acto de venganza del poder político local. Entre los vicios más preocupantes del procedimiento de enjuiciamiento contra la fiscal, puede señalarse el apartamiento del órgano acusador natural, el Ministerio Público Fiscal y la creación de un órgano acusador ad hoc para esa tarea, que fue ejercido por un abogado de la matrícula, de estrechas relaciones con el poder político investigado. Ello ocurrió, luego que dieciséis abogados convocados para tal fin se negaran a asumir el cargo, por considerar que hacerlo en tales condiciones constituiría un delito. Esto demuestra, sin lugar a dudas, que asistimos a una evidente violación del debido proceso y la garantía del juez natural. Por otra parte, la composición del jurado en modo alguno parece garantizar el principio de imparcialidad del juzgador, garantía constitucional básica que asiste a todo aquel que se encuentra sometido a un proceso sancionatorio. Muy por el contrario a ello, la mayoría de sus miembros poseen estrechas relaciones con el poder político al que investigó la fiscal Goyeneche. No podemos dejar de señalar, que la importancia y gravedad del casó ameritó la rápida intervención de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación quien destacó la arbitrariedad con la que ha actuado el Superior Tribunal de Justicia de la provincia a la hora de resolver la acción de amparo interpuesta por la fiscal, en el intento de resguardar su derecho al debido proceso, reprochando al Superior Tribunal la “respuesta meramente dogmática de la máxima instancia jurisdiccional local” y que ésta “carece de todo desarrollo argumentativo racional respecto de las cuestiones reseñadas, y en consecuencia no satisface la garantía constitucional de fundamentación de las sentencias judiciales, correspondiendo su descalificación como acto judicial válido” (CSJN, “Goyeneche”, exp. 646/2022/RH1). Asimismo, debe destacarse que el mismísimo relator especial sobre la independencia judicial de la ONU, Diego García-Sayán, le pidió informes al gobierno argentino sobre el juicio que se le sigue a la fiscal anticorrupción de Entre Ríos Cecilia Goyeneche, y le reclamó que en 60 días explique qué medidas se tomaron para asegurarle un juicio justo, preservar la independencia judicial y la continuidad de las investigaciones en la provincia. Con todo lo expuesto, resulta evidente que este proceso de enjuiciamiento, cuyo repudio se expresa, vulnera la vigencia de la forma republicana de gobierno en la provincia de Entre Ríos (art. 6 CN) y expone a nuestro país a la responsabilidad internacional por violación de los tratados internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 CN). A fin de alertar acerca de las graves consecuencias institucionales que derivarían de no remediar la situación y de continuarse con la violación de principios elementales de nuestra Constitución Nacional, solicitamos que se apruebe el presente proyecto de declaración.