Quita de recursos a la Ciudad de Buenos Aires y a millones de argentinos.
- 30 noviembre, 2020
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No una, sino dos veces en lo que va del año el Poder Ejecutivo saqueó los recursos de los porteños en forma intempestiva, inconsulta, unilateral e ilegal.
No se trata de un intento de redistribución federal de recursos, sino de manotazos para cubrir necesidades económicas de distritos pésimamente gobernados y administrados, como sucedió con la primera quita en septiembre, cuyos fondos fueron derivados a la Provincia de Buenos Aires.
El segundo saqueo fue en noviembre. ¿Pero de qué estamos hablando realmente? Del equivalente a 10 meses de sueldos del personal de salud de la ciudad, más de ocho meses de sueldos del personal de Educación, más de la mitad de la inversión destinada a seguridad, y dos veces más de lo que invirtió la ciudad para combatir el Covid-19. La meta es quebrar a la Ciudad de Buenos Aires.
Todas las leyes deben tener un objetivo, un propósito en general vinculado el bienestar general y el progreso. La Ley de quita de fondos a la ciudad aprobada por el Congreso también tiene un propósito, pero es perverso, porque es dañar, perjudicar y discriminar a la Ciudad de Buenos Aires. Y que, no por casualidad, está gobernada y bien administrada por un importante dirigente opositor.
Es indiscutible la notoria ilegalidad e inconstitucionalidad de la ley.
Según la Constitución no puede haber transferencia de servicios sin la correspondiente transferencia de recursos. Debe hacerse mediante acuerdos entre las partes y debe haber automaticidad en las transferencias. La única forma es que se realice por puntos de coparticipación y no por la firma del Secretario de Hacienda, que sabemos que un día se produce y al día siguiente no.
Esos acuerdos no se pueden modificar unilateralmente. Requieren, para ser modificados, el acuerdo de las partes involucradas, la Ciudad y la Nación. Esos acuerdos no pueden ser modificados en desmedro de las provincias, en este caso la Ciudad de Buenos Aires. Estos principios tan claros establecidos en la Constitución fueron convalidados por la jurisprudencia de la Corte Suprema.
La Ley es inconstitucional porque falta el acuerdo previo. Y no se salva con las modificaciones introducidas en el Senado. Porque primero se debe realizar el acuerdo y luego viene la ley. Acá es al revés. Se toma la decisión de reducir drásticamente la coparticipación de la ciudad y luego se manda a las partes a ponerse de acuerdo.
Nadie sabe de dónde sale la cifra de la quita. Falta la automaticidad. Falta acuerdo. Mayor violación del federalismo de concertación, en los términos que lo establece la Constitución y reivindica la Corte Suprema, es difícil de concebir.
Hay una sola manera de solucionar de forma definitiva el tema de la coparticipación que a la Ciudad le corresponde y es dictar una nueva ley de coparticipación federal. Es por ello que hemos presentado junto al diputado Álvaro González un proyecto en tal sentido.
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