Clarín. 27/03/2019.
La comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura comenzó ayer a investigar la denuncia del gobierno de Mauricio Macri contra el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en el marco de la causa en la que imputó al fiscal Carlos Stornelli por presunto espionaje y extorsión a través de un falso abogado influyente en los tribunales, el detenido Marcelo D’Alessio. Por unanimidad, y a propuesta del consejero instructor del caso, el diputado oficialista Pablo Tonelli, la comisión presidida por el senador justicialista Miguel Pichetto pidió una serie de informes al propio juzgado a cargo de Ramos Padilla, la Cámara de Diputados y el Ministerio de Justicia de la Nación.
Los consejeros pretenden de la Cámara Baja una copia de la versión taquigráfica de la reunión de la Comisión de Libertad de Expresión en la que estuvo presente el magistrado investigado dos semanas atrás y en la que, según el Gobierno, excedió sus funciones al revelar detalles de una causa penal en trámite. Además reclamaron una copia de la cita en video, ya que fue filmada y grabada.
La comisión del Consejo también pretende que las autoridades de la Cámara de Diputados les remitan una copia del reglamento del funcionamiento del cuerpo legislativo para determinar las funciones de la comisión de Libertad de Expresión, presidida actualmente por el ex radical y ahora kirchnerista Leopoldo Moreau.
Ramos Padilla volvió la semana pasada al Congreso para presentarse ante la comisión de Seguimiento y Fiscalización de los organismos de Inteligencia, pero en este caso la reunión no fue pública sino reservada para los miembros del cuerpo dadas sus características.
Pero además, y lo más importante, los consejeros aprobaron solicitarle al propio Ramos Padilla que remita una copia certificada de la causa que instruye por la denuncia del productor agropecuario Pedro Etchebest.
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