24/09/2015 El Cronista Comercial – Nota – Economía & Política – Pag. 7
No se podrán vender las acciones del Estado sin respaldo del Congreso
El kirchnerismo aprobó ayer en la Cámara de Diputados una ley que impide vender las acciones del Estado en empresas privadas sin el respaldo de los dos tercios de los votos de ambos cuerpos del Congreso.
Con el apoyo de los aliados del Frente Cívico de Santiago del Estero, Partido Solidario Si y el Movimiento Popular Neuquino, el Frente para la Victoria (FpV) logró la sanción de la norma que garantiza que las acciones de empresas privadas que forman parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS sólo puedan venderse luego de recibir el voto favorable de los dos tercios de los diputados y senadores.
Con esa mayoría calificada la nueva ley busca dificultar la venta de participaciones que el Estado adquirió en decenas de empresas argentinas durante el mandato kirchnerista, como Banco Galicia, la alimenticia Molinos Río de la Plata, la siderúrgica Siderar y el conglomerado de medios Clarín.
La iniciativa enviada en agosto por la presidenta Cristina Kirchner fue aprobada con 127 votos a favor, 84 en contra y 5 abstenciones, y recibió cuestionamientos de todo el arco opositor, que criticó tres puntos centrales: la creación de la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE), la exigencia de una mayoría de dos tercios del Congreso para habilitar la venta de esas acciones y la lentitud que ese proceso supondría.
El oficialista Roberto Feletti destacó que el objetivo de la nueva ley es “consolidar esa participación del Estado y someterla a discusión parlamentaria a futuro”, al tiempo que subrayó que “hay activos estatales capaces de sustentar microeconómicamente la competitividad de la economía argentina”.
El radical Miguel Bazze, en tanto, sostuvo que la iniciativa “no incorpora ningún elemento para el mejor funcionamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad” pero “sí incorpora elementos que pueden llegar a perjudicar a ese fondo”. Además, consideró un “error” establecer “la necesidad de que las leyes que pueden autorizar la venta de acciones requieran una mayoría agravada del Congreso”.
Este punto también fue cuestionado por la diputada del GEN Margarita Stolbizer, quien señaló que la ley “es inconstitucional” porque es la Constitución Nacional la que fija “casos muy puntuales para los que se exige una mayoría calificada”.
En el mismo sentido, el macrista Pablo Tonelli, señaló que “el proyecto de ley implica una modificación constitucional”, mientras que el radical Oscar Aguad sostuvo que el proyecto es “una excusa para crear una agencia” con el fin de “dejar funcionarios estables por cuatro años”.
La nueva ley declara de “interés público la protección de las participaciones sociales del Estado Nacional que integran la cartera de inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad” de la ANSeS y de las acciones de empresas donde sea socio minoritario.
Fija, además, la prohibición de la transferencia de esas acciones o de “cualquier acción que limite, altere, suprima o modifique su destino, titularidad dominio o naturaleza sin previa autorización del Congreso, por los votos de los dos tercios de sus miembros”.
Para ello, la iniciativa establece la creación de la ANPEE, que tendrá a su cargo “entender en la ejecución de las políticas y acciones que hacen al ejercicio de los derechos societarios de las participaciones accionarias o de capital de las empresas”.
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