La Ley de Abastecimiento atrasa 50 años

• 2 marzo, 2015
• Notas de Opinion

26/09/2014 El Cronista Comercial – Nota – Opinión – Pág. 17

La vieja Ley de Abastecimiento (cuya vigencia es muy discutible) y el proyecto con el cual se la ha remozado, atrasan más de 50 años. Ya atrasaba bastante la ley 20.680 cuando fue sancionada, en 1974, y muchísimo más atrasa ahora, cuando el mundo es tan distinto y ha cambiado la concepción del rol del Estado.
El atraso es esencialmente ideológico, porque la ley es de clara y evidente inspiración fascista; y el fascismo, afortunadamente, ya hacía tiempo en 1974 que había demostrado su inviabilidad y había sido desterrado, sin perjuicio de algún estertor en la España franquista.
Los objetivos de la ley rescatan y repiten los de la famosa ‘Carta del Trabajo’, de 1927, en la que quedaron expuestos muchos de los paradigmas del fascismo. Expresa la carta que “la Nación… es un organismo con fines, vida y medios de acción superiores, por su potencia y duración, a los de los individuos aislados o agrupados que la componen. El Estado es un absoluto, ante el cual el individuo y los grupos son lo relativo; es un hecho moral y espiritual que concreta la organización política, jurídica y económica de la Nación”.
Por esa concepción que inspira esta nueva ley, no llama la atención que en los fundamentos se exprese claramente que se pretende regular “las relaciones de producción y consumo”, mediante “políticas activas” y que se propicie el “fortalecimiento” de la Secretaría de Comercio, a la que se le atribuyen casi más facultades que al Congreso.
Otra prueba del atraso, es que los autores se han olvidado de la reforma constitucional de 1994 y de la prohibición que en ella se introdujo en nuestra ley suprema respecto de las delegaciones legislativas (art. 76). A pesar de esa prohibición, se pretende delegar en la Secretaría de Comercio la facultad de “dictar normas” y “reglamentar” todo lo que le parezca necesario o conveniente. El Congreso dejará de ser una “escribanía” y pasará a ser algo así como una estafeta postal.
Lo cierto es que, con la aprobación de este proyecto, el Estado y los funcionarios pueden conducir y dirigir todas y cada una de las empresas del país y decidir “márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios”, disponer “niveles o cuotas mínimas” de producción, “acordar subsidios”, disponer el “secuestro de mercaderías”, ordenar “clausuras e inhabilitaciones” y, por supuesto, sancionar y aplicar multas de hasta diez millones de pesos.
Nuestra meta de desarrollo pasaría a ser la Venezuela de Chávez y Maduro, lo que torna aconsejable empezar a comprar papel higiénico y jabón.