Estoy de acuerdo en que los jueces, funcionarios y empleados judiciales paguen el impuesto a las Ganancias. Pero hay un límite, una valla, en el art. 110 de la Constitución que prohíbe reducir las remuneraciones de los magistrados «en manera alguna».
Por eso, para evitar la violación de esa norma constitucional, en 2016 impulsé la ley que dispuso que los jueces y empleados judiciales que fueran designados a partir del 1/1/2017 paguen el impuesto. Porque respecto de ellos no se produce la prohibida disminución de la remuneración. Es un camino más largo, pero respetuoso de la Constitución y de la intangibilidad de las remuneraciones que esa norma consagra en beneficio de la independencia de los jueces.
El actual intento del oficialismo para que todos los jueces, aun los designados antes de 2017, paguen el impuesto es inconstitucional y constituye un nuevo embate contra la justicia.
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