Los dirigentes políticos somos grandes responsables por el abuso del empleo público y su uso como prebendas e intercambio de favores.

En nuestra constitución se destacan dos grandes guías orientadoras para un empleo público profesional, capacitado y eficiente: La idoneidad y la estabilidad.

Ningún otro trabajador en nuestro país goza de estabilidad absoluta y ante este beneficio excepcional el requisito de idoneidad debe hacerse más fuerte a través del concurso público.
Existiendo “válvulas de escape” que desnaturalizan el espíritu de la Ley ha llegado la hora de poner el acento en la idoneidad y ser muy firmes en la exigencia del examen de ingreso y la capacitación.

De ser así, habremos dado un gran paso hacia un empleo público eficiente, profesional, transparente y al servicio de los ciudadanos, que es lo que corresponde.