La Nación. 31/07/2020
A pesar de las críticas de la oposición y los magistrados apuntados, el kirchnerismo impuso su propuesta con una ajustada mayoría; el aval de la consejera lavagnista fue clave
Horas después de que el presidente Alberto Fernández presentara la re- formajudicial, el Consejo de la Magistratura aprobó el plan del kirchnerismo para revisar el traslado de diez jueces claves, tanto en Comodoro Py como en otros tribunales del país. El dictamen argumenta que estos magistrados necesitarán un visto bueno del Senado si quieren continuar en sus cargos, aunque es muy probable que este debate sea judicializado.
El Gobierno tendrá ahora la posibilidad de enviar los pliegos de los jueces al Senado. El organismo, además, dispuso que se comunique dicha decisión a la Corte Suprema, porque el máximo tribunal firmó dos acordadas en 2018 sobre los traslados que hacen referencia a algunos de estos diez casos que se debatieron hoy.
Muchos de los jueces apuntados llevan adelante juicios por denuncias de corrupción contra el kirch- nerismo.
Después de una tensa sesión, el kirchnerismo logró la mayoría al contar con el voto de la diputada Graciela Camaño, que inclinó la balanza de una votación estrecha. Fueron siete votos para el oficialismo y otros seis, en contra, para la oposición. La iniciativa fue votada por los consejeros Mariano Recal- de, Gerónimo Ustarroz, María Inés Pilatti Vergara, Diego Molea, Vanesa Siley, Alberto Lugones y Camaño.
La diputada Camaño fue la primera que tomó la palabra: dijo que el Consejo tiene la oportunidad de «revisar las acciones del pasado» porque «se cometieron errores» cuando el Consejo avaló el traslado de estos diez jueces. «Se llenan la boca hablando de la República, pero la tienen vulnerada desde hace mucho tiempo», sostuvo. Y aclaró que se violó con estos traslados acordadas de la Corte Suprema y el reglamento del propio Consejo.
«Tenemos la obligación de enmendar los errores porque, si no, estamos dejando un precedente. Es una decisión justa. No tengo dudas de que hay que llamar a concurso por estos diezjuzgados», aseguró la diputada. Y volvió a hacer referencia a las disputas políticas en la Justicia: «Estoy cansada de ver, desde esta amplia avenida del medio, cómo de un lado y del otro de los extremos se toman decisiones discrecionales. Las discrecionalidades de un lado justifican las discrecionalidades del otro». El proyecto que se aprobó fue presentado por Molea y señala al Poder Ejecutivo que los traslados de diez jueces federales «no han completado el procedimiento institucional». Es decir, están incompletos. La iniciativa está basada en la nota que presentó la semana pasada Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, que sostiene que para continuar en sus cargos, el Senado deberá refrendar sus nombramientos.
¿Quiénes son los jueces cuyos traslados son señalados? Dos camaristas de Comodoro Py, un juez que participará del juicio por los cuadernos de las coimas, un magistrado que avaló el espionaje sobre Cristina Kirchner y tres jueces con competencia electoral de Jujuy, Chaco y Misiones. Los nombres de los jueces trasladados que aparecen objetados por el kirchnerismo y, sobre todo, los lugares que están enjuego son los condimentos de un tema que promete largos y acalorados debates. Tal como lo adelantó la semana pasada el diputado Pablo Tonelli, la oposición rechazó la iniciativa por considerar que el Consejo no tiene facultades para revisar no solo las disposiciones tomadas previamente por ese organismo, sino, además, los decretos presidenciales que avalaron el traslado de estos diez jueces. «Este dictamen está viciado porque este Consejo no tiene facultades para revisar las decisiones de otros poderes», dijo Juan Manuel Culotta, representante de los jueces que se opuso al proyecto kirchnerista. Y remarcó que la intención de revisar los traslados «viola la garantía de inamovilidad de los jueces». Aunque todavía resta la votación en el plenario, la oposición ya perdió las esperanzas de bloquear la iniciativa, pero el caso promete nuevos capítulos.
Varios de los jueces trasladados que fueron señalados por el kirch- nerismo ya se asesoran para hacer una presentación judicial. Entienden que el proyecto es ilegal porque sus traslados están sustentados en acordadas dictadas por la Corte Suprema y que solo podrían ser removidos de los juzgados a través de un juicio político.
El juez Germán Castelli y los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, tres de los magistrados apuntados, ya le adelantaron a Ca- maño que consideran la medida un «atropello constitucional» de carácter «ilegal».
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