En el mensaje mediante el cual remitió el proyecto de ley de reforma de los servicios de inteligencia, la presidente afirma que “ha observado” que los integrantes de los servicios de información, apartir de 2013, “han comenzado a actuar en contra de la decisión del Poder Ejecutivo nacional y del Poder Legislativo” de acordar con Irán el memorándum de entendimiento. Esa circunstancia, más “el convencimiento de que una sociedad no puede vivir sitiada por el miedo y mucho menos por la extorsión”, han llevado a la presidente a la decisión de perseguir “una definitiva democratización de los mecanismos de designación, el modelo de funcionamiento institucional y la adopción de los mejores métodos de control de la producción y el uso de la llamada inteligencia estatal”. La situación descripta, como se aprecia, no podría ser más grave y preocupante. Lástima que la presidente no haya optado por una reforma integral y a fondo del sistema nacional de inteligencia, sino por “una democratización de los mecanismos de designación, el modelo de funcionamiento institucional y la adopción de los mejores métodos de control de la producción y uso de la tarea de la llamada inteligencia estatal”. Y decimos que es una lástima, porque tenemos muy presente la última ‘democratización’ llevada adelante por el oficialismo, que fue la de la Justicia y terminó, como pronosticamos en oportunidad del debate, con la declaración de inconstitucionalidad de las más trascendentes de aquellas reformas. En función de ese recuerdo y de la gravedad de la situación, hubiéramos preferido un debate verdadero, amplio, sin condiciones y sin plazos perentorios, que posibilitara la concreción de una reforma real, efectiva, consensuada y eficiente para alcanzar los logros a los que aspira la sociedad. Pero el oficialismo, una vez más y fiel a sus costumbres, ha escogido el camino de una reforma cosmética, de tratamiento raudo y meramente formal y de un resultado vacío y carente de sentido y utilidad práctica, como a continuación explicaremos. El proyecto votado, anticipamos, es vacuo y definitivamente inútil para cumplir los propósitos enunciados en el mensaje de elevación.Es evidente que ha sido redactado de apuro, como reacción a la muerte del fiscal Alberto Nisman y con el fin de desviar la atención de la denuncia que él había formulado contra la presidente y el canciller, entre otros. Es decir, que el proyecto fue concebido en las peores condiciones imaginables para lograr una norma eficiente y perdurable. La iniciativa no aborda ni mucho menos soluciona, claro está, los principales problemas en la materia y que son de público conocimiento, porque los agentes seguirán siendo los mismos, el gasto seguirá siendo discrecional y reservado, el control continuará siendo escaso e ineficaz y la opacidad seguirá siendo la regla en la materia. En síntesis, constituye una excelsa muestra de lo que en política se denomina gatopardismo, porque se anunció un cambio que es sólo aparente mientras que, en la realidad, nada cambia ni cambiará. El mismísimo GiuseppeTomasi di Lampedusa estaría plenamente de acuerdo con la propuesta legislativa. En particular, en el mismo mensaje del Ejecutivo antes mencionado, se expresa la sorprendente afirmación de que mediante la iniciativa “se subordinan las actividades de inteligencia a la Constitución Nacional, tratados de Derechos Humanos, leyes y a los derechos y garantías de los ciudadanos”. Lo que quiere decir que hasta ahora ocurrió lo contrario, es decir que las actividades de inteligencia no han estado subordinadas a las normas legales que imperan en nuestro país. La primera reflexión que la confesión suscita es una pregunta: ¿qué ha hecho el oficialismo durante los últimos doce años que no se ocupó de subordinar a la ley a los servicios de inteligencia y a sus integrantes? Por supuesto, no esperamos una respuesta, porque la única posible sería la admisión de culpa y negligencia por haber permitido y avalado la actuación ilegal y clandestina de los servicios de inteligencia, que fueron puestos al servicio de una causa partidaria y personal y no al servicio de la república, como corresponde. Por eso es que, recién ahora, luego de tantos años y cuando la subordinación otrora incondicionada y férrea ha desaparecido, la presidente repara en la necesidad de cambiar o de, al menos, aparentar cambios.
03/03/2015 El Cronista Comercial – Nota – Opinión – Pag. 16
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