Con una maniobra polémica, el krchnerismo avanzó con el juicio contra la Corte.

• 29 noviembre, 2023
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29/11/2023 La Nación

El kirchnerismo ejecutó tarde su última estocada contra la Corte Suprema: por mayoría de sus miembros, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aprobó anoche un dictamen acusatorio contra los jueces Horacio Rosatti -su presidente-, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, por supuesto mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos. La oposición rechazó de plano los dictámenes.
Para garantizarse la mayoría de los votos -necesitaba y consiguió 16 voluntades-, el bloque oficialista apeló a una jugada reglamentaria aunque polémica: cambió seis de sus integrantes en la Comisión que dudaban de firmar los dictámenes contra el máximo tribunal. En su lugar fueron reemplazados por miembros que son fieles a Cristina Kirchner. La primera en pedir la salida de la Comisión de Juicio Político -que preside Carolina Gaillard- fue la diputada massista Micaela Morán; a ella la siguió otro massista, Ramiro Gutiérrez, espada de Sergio Massa en los debates jurídicos.
También abandonaron la comisión Mara Brawer, Susana Landriscini, Paola Vessvessian y Hernán Pérez Araujo. Fueron reemplazados por Itai Hagman, Mónica Macha, Magalí Mastaler, Carlos Selva, Paula Penacca y Juan Marino y Carolina Yutrovic, que se sumaron a quienes ya venían trabajando en la investigación: Rodolfo Tailhade, Ricardo Herrera, Leopoldo Moreau, Luis Pedrini, Eduardo Valdés, Vanesa Siley, Hugo Yasky y Germán Martínez, jefe del bloque oficialista.
El diputado kirchnerista Leopoldo Moreau fue el primero en fundamentar la acusación contra los jueces. Aclaró que el instituto del juicio político, previsto en la Constitución nacional, es privativo del Poder Legislativo y su naturaleza «no es de naturaleza judicial, sino política; no persigue el castigo, sino separar del cargo» a quien eventualmente incurre en mal desempeño.
Desde Juntos por el Cambio, el diputado Pablo Tonelli enfatizó que el oficialismo promovió el juicio político a la Corte a solo efectos de incumplir con la sentencia que la Corte dictó en diciembre de 2022 por la cual obligaba al Poder Ejecutivo a restituir fondos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires.
«Llegamos por fin a esta última función de este entretenimiento que nos propuso el oficialismo», ironizó el diputado de Pro, quien calificó de «ridículos» algunos de los fundamentos de la acusación.
Por su parte, el diputado Alejandro «Topo» Rodríguez (interbloque Federal) responsabilizó de la embestida al presidente Alberto Fernández y rechazó todo lo actuado por la comisión.
«El oficialismo tuvo que hacer seis cambios en la Comisión de Juicio Político para poder dictaminar el bochornoso proceso contra la Corte Suprema», asestó, por su parte, el jefe del bloque radical Mario Negri.
En tanto, la diputada Graciela Ocaña reprochó que buena parte de los elementos incorporados como prueba fueron obtenidos de manera ilegal, un argumento que los jueces habían marcado en su descargo ante la comisión.
«Este juicio es voluntad de Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa; todos por motivos distintos, todos malos», dijo, por su parte, el diputado Juan López.
Los cargos acusatorios Tras once meses de investigación, que incluyó la citación de 63 testigos y la compilación de 34 cuerpos de investigación, los miembros oficialistas de la Comisión de Juicio Político sintetizaron las acusaciones en cuatro causas.
Ellas son: ? Causa «Consejo de la Magistratura».
Jueces acusados por mal desempeño: Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda.
El oficialismo apuntó contra Rosatti por haberse ungido presidente de la Corte por el «auto- voto» y por haber intervenido en un caso cuya sentencia «lo beneficiaba personalmente al colocarlo ipso iure en la presidencia del Consejo de la Magistratura».
Además, le atribuyó, al igual que a los demás jueces, la decisión de resucitar una ley derogada para modificar la integración del cuerpo «ejerciendo facultades legislativas que la Constitución ha asignado al Congreso de la Nación» y haberles otorgado a ambas cámaras legislativas un plazo «de imposible cumplimiento» para que sancionen una reforma de la ley del Consejo de la Magistratura. A juicio de los oficialistas, el propósito de la Corte fue asegurar el control de este cuerpo.
? Causa «Coparticipación». Fallo cautelar por recursos de transferencias a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Jueces acusados por mal desempaño: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti.
Al juez Rosatti le imputó no haberse excusado de la causa cuando, a su juicio, era su obligación «a efectos de evitar la sospecha y el cuestionamiento de imparcialidad en atención a los vínculos de íntima confianza entre el director general de la Vocalía, Silvio Robles, con el ministro de Justicia y Seguridad de la CABA (Marcelo D?Alessandro)».
? Causa «Beneficios a genocidas». Jueces acusados: Rosatti y Rosenkrantz.
Se les atribuye haber incumplido el orden jurídico, los tratados internacionales vigentes y no convocar a la comisión interpoderes, creada para seguir las causas de lesa humanidad. Les imputan, además, haber apurado un fallo para garantizar la continuidad de la exjueza Elena Highton de Nolasco y, así, alcanzar la mayoría.
? Causa «Irregularidades de la obra social del Poder Judicial de la Nación».
Juez acusado: Juan Carlos Maqueda.
Al magistrado se lo acusa de no fiscalizar adecuadamente la obra social, afectando el derecho a la salud de los afiliados. También se lo acusa de haber desatendido su función de supervisión sobre los aspectos patrimoniales, contables y financieros.

Los diputados oficialistas, ayer, al levantar la mano para aprobar el cambio en la integración de la Comisión de Juicio Político