¿Qué hacer con los piquetes?

• 28 febrero, 2015
• Notas de Opinion

22/08/2014 Democracia – Nota – Política – Pag. 12 

El FpV timoneado por Diana Conti propone regular los cortes de tránsito, mientras Sergio Berni se inclina por su total erradicación. El oficialismo quiere consensuar, pero la amnistía por

Cabalgando sobre la deuda externa, la desaceleración de la economía y sus consecuencias a nivel del empleo, el conflicto social se perfila como uno de los grandes desafíos de aquí hasta diciembre de 2015.
Y el corte del tránsito se ha instalado como emblema del conflicto social, pese a que la sociedad hace años exige ser protegida frente a este abuso.
Ni bien empezado el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja en torno al proyecto para regular los cortes de tránsito como forma de protesta, la presidenta de la misma, Diana Conti, y el secretario nacional de Seguridad, Sergio Berni, pusieron de relieve las sustanciales discrepancias que atraviesan al oficialismo.
La ultrakirchnerista Conti junto con Carlos Kunkel y otros miembros del bloque firmaron el proyecto respondiendo a la inquietud manifestada ante la Asamblea Legislativa por la presidenta Cristina Fernández en marzo último. Esa fue la segunda exhortación de la jefa de Estado sobre el tema.
La primera, cuestionando públicamente a los piquetes y las ocupaciones violentas había sido en diciembre de 2010, después del trágico copamiento del Parque Indoamericano de Villa Lugano.
Pero su pedido fue absolutamente ignorado por los grupos piqueteros, incluidos los más cercanos al Gobierno.
Ahora, la idea del oficialismo, explicada por Conti, es compatibilizar su proyecto con los más de diez proyectos de la oposición, de manera de llegar a una votación de consenso. Prevenir y eventualmente reprimir una forma de protesta que el kirchnerismo ha venido tolerando por años no es asunto para despachar recurriendo burocráticamente a la mayoría oficialista de la Cámara baja. La idea, según Conti, es que la oposición se comprometa también en el desafío de liberar a la sociedad de una forma de protesta ejecutada por minorías que perjudica a la mayoría.
El proyecto del FpV planteaba la diferencia entre la protesta “legítima” y la “ilegítima”, pero la oposición pidió reemplazar esos términos por los de “pacífica” y “no pacífica”. Habría coincidencia, además, en el requisito de no afectar “el funcionamiento de los servicios públicos y la circulación, garantizando la mitad de los carriles libres”. Aunque parezca demasiado obvio, se prescribe que en las manifestaciones no deben “cometerse delitos ni acciones de sabotaje”.
El texto que se intenta consensuar afirma que el “uso de la fuerza será limitado a su mínima expresión” y que “queda reservado para restituir derechos y para la protección de personas o grupos vulnerables, así como la integridad física del personal de las fuerzas de seguridad”. Según lo consensuado en la comisión, la norma debería prohibir “la portación de armas de fuego por parte de miembros de las fuerzas”. Uno de los puntos más polémicos es la amnistía para “los delitos cometidos en el marco de protestas”, con excepción del homicidio y las lesiones graves. La oposición cuestiona que el proyecto oficial no deje al margen de la amnistía asimismo a los atentados contra bienes públicos y privados.
Los beneficiarios de la medida serían unos 4.000 activistas de grupos de izquierda.
Sin embargo, el diputado del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño no quedó conforme, y para justificar su desconfianza habló de las diferencias de criterio entre sus pares del FpV y el secretario Berni.
“Le pido que no me pudra el debate. Nosotros respetamos su manera anárquica de ver la realidad. No nombre a Berni ni a ningún funcionario de mi Gobierno. No nos vuelva locos”, pidió Conti.
“Hay protestas y hay represión; si no hablamos de lo que pasa en la Argentina, ¿sobre qué vamos a legislar?”, retrucó Del Caño en la instancia más dramática de la discusión.
No fue ese el único embate por izquierda que hubo en la comisión. Leonardo Grosso, del Movimiento Evita, cuestionó la presunta ambigüedad de la llamada “protesta pacífica”. “No sé qué puede pasar en manos de un juez”, señaló.
Pero la polémica más dura fue con Berni, quien impugnó sin contemplaciones el criterio burocrático de la mediación propuesta por el proyecto, aparte de la posibilidad de que se tolere la ocupación de un carril en autovías como la Panamericana.
Duelo de alfiles Conti y Berni son dos altos referentes kirchneristas.
La diputada, igual que Kunkel, suele expresar iniciativas del entorno presidencial, como cuando habló de “Cristina eterna” desatando la polémica por la “rere”.
La propia Cristina salió a desautorizarla cariñosamente.
A modo de disculpa, la diputada confesó que “a veces soy medio estúpida”.
Aun así le fue confiada la presidencia de Asuntos Constitucionales y desde allí salió a defender el proyecto sobre piquetes en los medios.
Habría coincidencia, según ella, en “garantizar un carril de tránsito vehicular y peatonal.
Las fuerzas políticas ma- yoritarias del Congreso están pidiendo eso, que es lo más normal del mundo”.
Berni salió al cruce desde el mismo programa radial: “No, lo más normal es que eso no pase. No es lo mismo la Panamericana que la calle Laprida. Dejar un carril libre o dos en la Panamericana equivale a que la ruta esté cortada. Lo veo todos los días cuando un auto pincha una rueda y se tira al costado: se arman congestiones”.
Según el funcionario, que dos meses atrás repudió la idea kirchnerista de que la policía comunal anduviese desarmada fuera del horario de servicio, es necesario articular “un criterio común” para determinar cuándo “el derecho a circular prevalece” sobre el de protestar.
“Sergio, el criterio tiene que estar consensuado, porque si no, es derecho penal impuesto. Y yo no estoy de acuerdo con eso”, se defendió Conti.
“El derecho a protestar existe y hay que protegerlo.
Pero me parece que una ruta como la Panamericana o la General Paz no es un lugar para protestar. El problema no es protestar sino que lo hacen para llamar la atención de los medios”, remarcó Berni. “No queremos más leyes que les jodan la vida a los argentinos. Queremos trabajar y circular libremente.
Basta de experimentos raros; la ruta es para circular, no para cortarla”, afirmó el secretario, procesado por dispersar un piquete en la Panamericana.
“Lo que me preocupa son las interpretaciones estrafalarias para solucionar algo tan simple como es asegurar a los ciudadanos el libre tránsito y su derecho a circular por donde quieran y cuando quieran. La Constitución es muy clara. El Código Penal es claro y hay que ponerles límites a las interpretaciones que cada juez hace de las leyes, como es habitual”, sostuvo Berni.
Entre las ideas “estrafalarias” deploradas por el funcionario, sobresale la de crear un cuerpo de mediadores.
Se supone que los mismos intervendrían negociando con los piqueteros la liberación de una ruta o avenida, que es lo que sucede ahora con la policía. Esta idea contaría con el apoyo de la UCR y diputados aliados del FpV. En el PRO, Federico Sturzenegger también acompañaría parcialmente, pero no Pablo Tonelli, que presentó su propio proyecto (recuadro). Alberto Asseff, del Frente Renovador, adelantó su oposición a toda norma que ampare “el desorden, los obstáculos al libre tránsito y el conflicto permanente utilizado como método de acción política”.
Aunque algunos diputados no se hayan enterado, fuera del Congreso ya se percibe el clima socialmente adverso a los piquetes, los paros salvajes y demás formas de atropello. Hasta las fracciones opositoras de la CGT, que antes de fin de mes volverán a paralizar el transporte, anticiparon que no recurrirán a los piquetes.
Una manera de diferenciarse de la CTA disidente, que prevé una huelga de 36 horas bloqueando los ingresos a la Capital.

Ningún derecho es absoluto al cabo de una década de tolerar y alentar los cortes de calles y rutas, ya sería hora de que pongamos algún límite a los célebres “piquetes” que tanto complican la vida de los habitantes de nuestro país. Los piquetes son una consecuencia negativa de las reuniones de personas en la vía pública. Estas últimas constituyen una actividad legítima y son una expresión de los derechos a expresarse, a reunirse y a peticionar a las autoridades. Pero para ser legítimas esas reuniones deben ser pacíficas; es decir, los participantes no deben ejercer violencia o intimidación alguna sobre la población.
Además, es necesario hacer compatible ese derecho a expresarse con el derecho a circular y transitar del resto de los habitantes. Porque cuando aparece un conflicto entre distintos derechos, lo sensato es tratar de armonizarlos y no que el ejercicio de uno impida el ejercicio del otro, lo cual constituye una consecuencia forzosa del hecho de que ningún derecho es absoluto y todos están sujetos a reglamentación legal.
Por ende, he propuesto, mediante un proyecto de ley, una regulación para que los participantes de una reunión en el espacio público deban tener la cara descubierta, no puedan sentarse o detenerse en calles o caminos, no puedan impedir el normal funcionamiento de los transportes ni de la circulación de vehículos y personas. Y, por supuesto, no puedan portar elementos contundentes con aptitud para amedrentar a otros o causar daño a terceros.
En ese sentido, una previsión importante del proyecto es que, en la medida que el número de participantes lo permita, la reunión pacífica deberá realizarse en espacios públicos no destinados a la circulación de vehículos y de manera de entorpecer lo menos posible las actividades normales de la población.
Si la reunión dejara de ser pacífica o los manifestantes impidieran arbitrariamente las actividades normales de la población, entonces las fuerzas de seguridad deberían actuar para volver las cosas a su cauce normal y resguardar los derechos de todos.
De todas maneras, y sin perjuicio de la regulación legal, difícilmente podamos avanzar en el complejo arte de la convivencia ciudadana si no creamos la conciencia de que ningún derecho está por encima de otro y de que nadie, salvo la autoridad estatal, puede imponer restricciones a los demás. En definitiva, la buena conciencia cívica es la mejor solución a este moderno problema de los piquetes.