04/08/2014 La Prensa – Nota – Política – Pag. 6
En oportunidad de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, la presidenta de la Nación pidió aportes de la oposición para poder avanzar en el juzgamiento de los responsables del atentado a la AMIA, del que ya se han cumplido veinte años. El pedido fue consecuencia, seguramente, de las ilevantables críticas que toda la oposición formuló al inútil (por decir lo menos) memorándum de entendimiento con Irán.
Recogimos el guante y presentamos un proyecto de ley para habilitar el juicio en ausencia, aunque limitado al caso de ciertos delitos cuya enorme gravedad y necesidad de represión han sido reconocidas por el Estatuto de Roma y la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad aprobados por nuestro país.
La procedencia del juicio penal en ausencia es un tema controvertido en la doctrina nacional.
Una parte de ella se inclina por la improcedencia, con argumentos en pos del resguardo del derecho constitucional a la defensa en juicio. Pero, en posición contraria, hay mucha doctrina fundada en que el derecho a ser oído reconocido por los tratados internacionales sobre derechos humanos permite la posibilidad de que el imputado prefiera no hablar y hasta opte por ni siquiera presentarse a manifestar esa decisión.
Las condiciones impuestas en nuestro proyecto para que proceda el juicio en rebeldía son un compendio de las exigidas por el derecho comparado y la doctrina sobre la materia. Lo que impone la garantía de la defensa en juicio, a nuestro modo de ver, es que el imputado conozca la existencia de la causa y decida libremente no presentarse ante la justicia; que se le proporcione adecuada defensa técnica durante el proceso, y que, en caso de ser condenado in absentia, cuente con una acción de revisión amplia que le permita ser oído y aportar prueba que no haya podido ser evaluada en la sentencia. Y todas esas garantías están aseguradas en el proyecto.
Con el derecho a la defensa en juicio no solo reconocido, sino garantizado, la pregunta que surge es: ¿qué estamos esperando para poner en práctica esta innovación en el juzgamiento a los sospechosos del atentado contra la AMIA? Se han cumplido veinte años de impunidad, durante los cuales ningún gobierno ha procedido con verdadera voluntad política en la búsqueda de la verdad. Veinte años de desaciertos por parte del Estado argentino, de los cuales el más reciente es el vergonzoso memorándum de entendimiento con Irán aprobado solo por la mayoría oficialista en el Congreso Nacional y rechazado por la justicia con los mismos argumentos que muchos opositores expusimos en la Cámara de Diputados.
Lo mínimo que pedimos es discutir el proyecto y que la presidenta no diga más que espera propuestas de la oposición.
Ésta es una bien concreta y útil
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