El proyecto establece que aquellas personas condenadas por delitos de corrupción, contra el estado y la administración pública, y que tengan condena confirmada en segunda instancia, queden inhabilitadas para ser candidatos a cargos públicos, cosa que hoy en día no ocurre porque es necesario esperar que la condena sea confirmada en todas las instancias, incluida la Corte Suprema.
Propiciamos que quienes atenten contra el sistema democrático de acuerdo con lo que prescribe el artículo 36 de la Constitución Nacional no puedan ser candidatos y desempeñarse en cargos electivos.
Recordemos que se trata de una iniciativa ciudadana que tomamos un grupo de diputados y discutimos en profundidad en la Comisión de asuntos Constitucionales en 2018 y 2019, hasta acordar un dictamen que llevamos al recinto en una sesión especial. En dicha oportunidad no se obtuvo el quorum necesario por falta de apoyo del actual oficialismo. Lamentamos esa situación y esperamos que en esta ocasión podamos llevar adelante el trámite parlamentario necesario para que este proyecto se convierta en ley y finalmente dar un gran paso en la lucha contra la corrupción y el delito. Tal como establecen los fundamentos del proyecto, la lucha contra la corrupción como auténtica política de estado tiene como una de sus aplicaciones concretas la suspensión temporaria para acceder a cargos públicos de las personas condenadas por tales delitos, tal como surge del art. 7.2 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aun cuando la condena no se encuentre absolutamente firme. El Congreso tiene una enorme deuda con la sociedad y la democracia. Es hora de frenar la erosión de las instituciones y el avance de la corrupción y la impunidad en Argentina. Ficha limpia es una gran herramienta para comenzar a saldar esa deuda.
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