En el marco del lanzamiento de la Red Mundial de Integridad Judicial de la ONU, tuve el honor de presentar un proyecto en el que estoy trabajando para trasparentar la presentación y controlar las declaraciones juradas de bienes de los jueces.
En el Poder Judicial son unas 3500 las personas quienes tienen la obligación de presentar las declaraciones juradas. Son 800 magistrados y el resto funcionarios: secretarios judiciales y funcionarios del poder judicial que manejan dinero y realizan contrataciones.
El único control que el Consejo de la Magistratura hace, hasta ahora, es sobre la parte pública de las declaraciones juradas y el control es solo formal. Se verifica que el magistrado haya completado todos los casilleros y que la información sea legible. Pero no hay un control sustancial de la información.
Aspiramos a incorporar en el formulario toda la información sobre los intereses de los magistrados que puede ser sumamente útil cuando aparecen casos de conflictos de intereses; a mejorar la cantidad y la calidad de la información en los aspectos vinculados a la situación económica y financiera de los magistrados; a que los formularios sean completados en la web para evitar problemas de legibilidad que hoy en día tenemos; a que el control que el Consejo de la Magistratura hace exceda lo formal y haya también un control sustancial, que implica verificar la exactitud de la información y la correlación con anteriores declaraciones juradas.
Si logramos establecer este régimen, el control de la situación económica y patrimonial de los magistrados pasará a ser más completo, intenso y transparente en Argentina.
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