El Litoral. 27/10/2017.
Los acusadores en el Jurado de Enjuiciamiento contra el camarista federal Eduardo Freiler propusieron su destitución por mal desempeño y eventual comisión de delitos, mientras el magistrado negó las imputaciones y aseguró que “no es un juez corrupto”.
Los encargados de la acusación, los consejeros Pablo Tonelli, diputado del PRO, y Miguel Piedecasas, abogado y vicepresidente del Consejo de la Magistratura, reprocharon a Freiler que sus gastos no coinciden con sus ingresos y señalaron una inconsistencia de varios millones de pesos en el término de cinco años.
Entre las razones del incumplimiento, le reprocharon a Freiler que omitió declarar bienes en sus declaraciones juradas patrimoniales, que no indicó el origen de los fondos con los que los adquirió y que eligió no pagar impuestos.
“Esa omisión no fue para darle de comer a sus hijos sino para comprar automóviles, motos de agua y otros bienes suntuosos”, embistió Tonelli.
“Freiler es el ejemplo de los jueces que no queremos en el Poder Judicial”, advirtieron los acusadores.
En ese contexto, pidieron la destitución como corolario del juicio político al que está siendo sometido por decisión del Consejo de la Magistratura, que en agosto lo envió allí en el marco de una tumultuosa sesión en la que no votó un consejero que estaba esperando en la Corte Suprema para asumir su cargo.
A lo largo de dos horas, los acusadores desgranaron las imputaciones y fundamentaron las supuestas irregularidades en que incurrió el camarista a lo largo de su gestión.
La defensa
Por la tarde fue el turno del alegato de José María Olivares, quien defiende a Freiler. Y el propio Freiler aceptó pronunciar sus últimas palabras frente el tribunal, antes de que se conozca el veredicto, el 17 de noviembre. “Estoy orgulloso de mi desempeño como juez”, dijo Freiler, e ironizó con que “el Presidente (Mauricio Macri) querrá que me sume al grupo de jueces que los representen”.
También sostuvo que “afirman cosas sobre mí que no pueden probar y no me voy a defender de cosas que no probaron”, y consideró que “el proceso en mi contra fue casi un juicio ejecutivo, por la rapidez”.
Freiler explicó por qué no dimitió, como hicieron otros colegas, antes que afrontar este proceso: “El renunciar, como le sugirieron a mi defensor, hubiera sido legitimar las cosas que se decían de mí”, sentenció. Y completó: “Siempre me puse a disposición. El hecho de no renunciar demuestra mi voluntad de respeto” a sus juzgadores.
El camarista aludió a uno de los puntos de la acusación y precisó que “se llegó a decir que no pagaba ningún impuesto”, lo cual calificó de “falsedad”.
“Trataron de encontrar algo malo. Los acusadores usaron las mismas falsedades que la prensa”, se ofuscó Freiler.
Y en uno de los tramos más enfáticos de su alocución afirmó que “no soy un juez corrupto, esto es falso. Este juez tiene 24 años de experiencia en el Poder Judicial. Fui fiscal y gané dos concursos”.
Después identificó a quien considera una de las personas que busca destituirlo: “Existe una persecución de (el abogado Ricardo) Monner Sans contra los jueces que no resuelven como quiere”.
La Justicia debe definir si libera a “Pata” Medina
Juan Pablo “Pata” Medina, el ex líder de la UOCRA La Plata preso desde hace un mes por asociación ilícita y coacción agravada, apeló las resoluciones de prisión preventiva que pesan en su contra y ahora la justicia federal y platense deberán definir si lo liberan o lo mantienen tras las rejas.
Esos recursos fueron presentados en las últimas horas por el abogado defensor del sindicalista, Víctor Hortel -ex jefe kirchnerista del Servicio Penitenciario Federal-, quien afirmó a DyN que ahora serán las cámaras Federal y de Apelaciones platenses las que deberán resolver sobre el planteo contra las preventivas dictadas.
“Pata” Medina, preso desde el 26 de septiembre, acumula en su contra tres dictámenes de prisión preventiva: uno de la justicia federal por “lavado de activos e intermediación financiera” y los otros de la penal platense por “asociación ilícita” y “coacción agravada”.
La causa federal, a cargo del juez de Quilmes Luis Armella, tiene imputados y detenidos en Ezeiza a Medina, a su hijo Cristian “Puli” Medina, a su cuñado David García y al empresario Juan Horacio Homs, dueño de Abril Catering, que estuvo prófugo por más de dos semanas.
Todos están acusados de liderar una banda que extorsionaba con distintos métodos a empresas constructoras de la región para colocar como trabajadores a sus afiliados del gremio de la construcción y a contratar los servicios de catering de Abril.
En jurisdicción platense Medina está acusado de “coacción agravada”, por supuestamente amenazar con “prender fuego la provincia” si lo detenían, y de “asociación ilícita”, en una causa que tiene detenidas a diez personas, entre ellas a la mujer del ex jefe de la UOCRA.
Los presos en la cárcel de Magdalena son la mujer de Medina, María Fabiola García, y la hija de esta última, Marianela Pagnoni, además del contador de la sede platense del sindicato de la construcción, Miguel Angel Federico, los sindicalistas Pablo Neves y Rubén Darío Roldán.
La pareja de uno de los hermanos Medina, Lara Muñoz, y Marianela Pagnoni, fueron beneficiadas con prisión domiciliaria, mientras que el sindicalista Casimiro Gómez (45), que había sido sindicado como el presunto “recaudador” del gremio, fue excarcelado ante la falta de elementos probatorios en su contra.
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