La Cámara de Diputados aprobó la ley de Acceso a la Información Pública tras insistir con 2/3 de los votos sobre el texto original sancionado el 18 de mayo pasado.

Estamos muy contentos con la aprobación de este proyecto que, tras la iniciativa del Poder Ejecutivo, permite que el Congreso salde una deuda de hace muchos años.  El primer intento fue en 2004 y fueron decenas los proyectos presentados que no llegaron a materializarse.

Si algo diferencia al régimen republicano de otros regímenes es la publicidad de los actos de gobierno.  Y en el mismo sentido, el acceso a la información pública es una de las mejores armas para luchar contra la corrupción.

No solo toda persona humana o jurídica tiene derecho a requerir información pública, sino que el proceso es muy simple y las excepciones son de alcance limitado.  La Ley es un gran avance tras tantos años de intentos frustrados en el Congreso, y es un gran avance para nuestra democracia.

Para que los jueces paguen ganancias

Presenté un proyecto de ley para que los jueces paguen el impuesto a las ganancias.

El propósito de este proyecto es aportar una solución al debate público sobre el pago del impuesto a las ganancias por parte de los jueces que contemple la necesidad de fomentar y respetar el principio constitucional de igualdad en las cargas públicas, haciendo especial énfasis en la justicia y equidad tributaria.

Según el proyecto, acompañado por el diputado Nicolás Massot, queda sujeto al gravamen que establece la ley de Impuesto a las Ganancias todo ingreso proveniente del desempeño del empleo de magistrado o funcionario judicial o magistrado o funcionario del Ministerio Público, tanto nacional como provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para quienes sean designados con posterioridad a la sanción de la ley.  El articulado incluye las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el ejercicio de las funciones públicas.

En este sentido, a fin de avanzar en la discusión sin desconocer la limitación constitucional impuesta en el artículo 110 (que establece la intangibilidad de la remuneración de los jueces), este proyecto promueve la aplicación del impuesto solo para nuevos magistrados y funcionarios. Es decir, que aquellos magistrados que ya prestan funciones permanecerán con sus remuneraciones intangibles, al amparo del artículo 110, mientras que aquellos que sean designados y tomen posesión de cargo con posterioridad a la sanción de la ley lo harán con la aplicación, desde el primer día en funciones, del impuesto a las ganancias, respetándose así la garantía de intangibilidad por ser esta una garantía que es efectiva desde que un magistrado es designado como tal.

Nuestro sistema de votación está agotado, ya ha dado todo lo que podía dar y hoy en día presenta muchas dificultades que el gobierno quiere superar.  Una de las más notorias consiste en que los electores no tienen garantizado, a la hora de votar, poder hacerlo por el candidato de su preferencia o partido político.

El Estado se ha desentendido de su responsabilidad porque los encargados de imprimir, distribuir y reponer las boletas son los partidos políticos.  Este es un déficit del actual sistema que tenemos que superar.  El robo de boletas se ha extendido demasiado y hoy es un flagelo a la hora de votar y puede modificar el resultado electoral.  Por eso nos proponemos agregar transparencia al sistema y al resultado de la votación, garantizando a los electores que en todas las circunstancias puedan votar por el candidato de su preferencia.  Ese sistema es la votación por impresión de sufragio mediante sistema electrónico.

Además, nos hemos ocupado de rodear al sistema de garantías y seguridades para los electores.  Por ejemplo, se amplían las atribuciones de control de la Cámara Nacional Electoral, y se realizan auditorias previas, simultaneas y posteriores a la elección.  Se incorporan a la par de los fiscales partidarios y generales, los fiscales informáticos que pueden ser designados por los partidos políticos para auditar el sistema y las máquinas de votación.

Tenemos que poner el sistema electoral a la altura de los tiempos, dejando atrás al sistema que ya tiene 104 años de vigencia.  Debemos dar un salto de calidad y de certeza hacia adelante, de manera que cuando vayamos a votar lo hagamos con la tranquilidad de que vamos a poder elegir a los candidatos de nuestra preferencia y que los resultados van a ser  absolutamente certeros y transparentes.

El proyecto fue aprobado por 152 votos positivos, 75 negativos y 3 abstenciones.  Resta la aprobación del Senado.

Aprobamos en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que establece las reglas para la transición de gobierno.  Se trata de un proyecto simple y de gran trascendencia, inspirado en las dificultades que hubo en la etapa de transición, antes que asumiera el actual presidente.  Dificultades que se originaron en la absoluta falta de colaboración del gobierno saliente y en la absoluta falta de información proporcionada por el gobierno saliente.

Para evitar dichas dificultades reglamentamos el periodo de transición de Gobierno en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, estableciendo reglas claras y las acciones necesarias para garantizar el cambio de administración y el suministro de información sobre el estado del país que al nuevo gobierno le permita funcionar al momento de asumir.

Por otra parte, y tras el debate en comisión, se han incorporado tres artículos a pedido de diputados de la oposición: la prohibición al gobierno saliente de comprometer crédito público salvo expresa autorización del Congreso; la prohibición al gobierno saliente de contratar, designar, ascender o reclasificar al personal del Estado durante la transición; y un artículo que establece que el incumplimiento de las obligaciones de los funcionarios durante la transición se equipara con la figura de incumplimiento de la función pública.

El proyecto, aprobado por 138 votos afirmativos, 49 negativos y 4 abstenciones, fue enviado al Senado para su tratamiento y sanción definitiva.

Entendemos que en Argentina cuesta mucho concretar los debates presidenciales previos a las elecciones y es dificultoso ponerse de acuerdo sobre las características que deben tener, por lo tanto, el Poder Ejecutivo ha considerado saludable reglamentar los debates y hacerlos obligatorios.

La finalidad es que los candidatos a presidente den a conocer las plataformas electorales de sus partidos a los ciudadanos y debatan sobre ellas.  Además, la obligatoriedad de participación se establece para todos los candidatos consagrados por las PASO, que resulta lo más democrático y evita exclusiones.

Destaco también que la sanción, para el caso en que alguno de los candidatos decida no participar, es la pérdida de los espacios publicitarios gratuitos que serán redistribuidos entre el resto de los candidatos que sí participen.  Por otro lado, debe quedar en evidencia que allí hay un candidato ausente, dejando su silla vacía durante el debate.

Es importante resaltar la participación de la Cámara Nacional Electoral como autoridad de aplicación de la norma y como organizadora de los debates con el asesoramiento de organizaciones académicas y de la sociedad civil, así como también, la televisación y radiodifusión a través de emisoras estatales con acceso libre y gratuito a cualquier otra emisora radial o televisiva que así lo desee, con el objeto de alcanzar la máxima difusión posible. 

El proyecto fue aprobado y convertido en ley con 152 votos positivos, 38 negativos y una abstención.

Presentamos un proyecto para autorizar, en los términos del artículo 1° de la ley 25.320, al juez titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 9, Dr. Luis Rodríguez, a allanar el domicilio particular y las oficinas del diputado nacional Julio De Vido, en relación con la causa por enriquecimiento ilícito que dicho juzgado está llevando adelante.

Lamentablemente fue necesario porque el diputado De Vido invocó los fueros parlamentarios para frenar el avance de la justicia.  En una primera instancia, no se pudo tratar el proyecto porque todos los diputados del Frente para la Victoria votaron en contra.  Optaron por proteger a De Vido y por dificultar la investigación de la justicia en un caso de corrupción.  El kirchnerismo critica el escándalo de López por un lado y protege a su jefe que es De Vido por el otro.  No es una actitud coherente ni transparente.

Finalmente, logramos aprobar el proyecto y dejar bien en claro que de ninguna manera los fueros fueron establecidos en la Constitución Nacional para eludir a la justicia y escudarse en ellos cuando se están investigando casos graves de corrupción.

En febrero pasado juré como Consejero de la Magistratura en representación de la mayoría de la Cámara de Diputados.  Agradezco el apoyo de mis pares que hizo posible que me sumara a dicho organismo.

Mi objetivo durante el año fue llevar a la práctica lo que venimos defendiendo y proponiendo hace años: un Consejo despolitizado, balanceado e independiente que sirva para mejorar el Poder Judicial y devolverle la independencia, la tranquilidad y el prestigio que perdió durante los últimos años y que es lo que la sociedad reclama.

Auditoría sobre la justicia federal

Aprobamos la realización de una auditoría sobre los juzgados y demás tribunales federales con competencia en materia penal en todo el país respecto de las causas de corrupción y delitos contra la administración pública.

La auditoría fue posible gracias a una nueva composición del Consejo y una innovadora dinámica de trabajo junto con asociaciones de abogados y de la sociedad civil.  Forma parte, además, de nuestro propósito de controlar el desempeño de los jueces federales en los términos previstos en la Constitución Nacional. Ver Resolución completa.