La boleta única electrónica

Desde el 2006 bregamos por la aprobación de un nuevo sistema de votación.  Hemos llegado a una situación límite y el sistema de votación tradicional no puede usarse más en la Argentina.  Ese sistema, no le garantiza al elector que cuando entre al cuarto oscuro encuentre la boleta de su elección y tampoco le garantiza la adecuada contabilización de su voto.

El Estado no puede abandonar sus obligaciones y traspasarlas a los partidos políticos. Estamos todos de acuerdo en que debemos salir de este sistema anacrónico y arcaico.

Es por ello que toda la oposición reclamó, en el ámbito del Congreso, por el urgente tratamiento de los proyectos de boleta única electrónica, entre los cuales se encuentra el siguiente proyecto de mi autoría. Ver Proyecto

Dicho sistema resulta sumamente necesario para garantizar una democracia más genuina.

Confiamos en que el cambio de gobierno traiga consigo la voluntad política de avanzar con este nuevo mecanismo, con la esperanza de acceder a los comicios legislativos del 2017 con un sistema electoral más transparente.

La reorganización de la Justicia

Este año nos tocó presenciar, una vez más, nuevos intentos de atropello de la Justicia por parte del Poder Ejecutivo.  En ese sentido, la Cámara de Diputados aprobó en sesión especial diversos proyectos impulsados por el oficialismo sobre la reorganización de la justicia y la implementación del Código Procesal Penal.

La ley de subrogancias

Uno de los proyectos aprobados modificaba el sistema de subrogancias para cubrir las vacantes transitorias en los tribunales inferiores a la Corte Suprema.  Dicho proyecto pretendía resolver el caos normativo en la materia, lo cual era inadmisible por la falta de respeto los lineamientos de los fallos de la Corte Suprema de Justicia y a los principios constitucionales de división de poderes.Asimismo, la ley de subrogancias propiciada por el oficialismo le atribuía al Consejo de la Magistratura la potestad de designar jueces, atribución no prevista en la Constitución Nacional; violaba  la exigencia de selección mediante concurso público y se habilitaba la designación de jueces con la sola intervención del Consejo de la Magistratura, sin participación alguna del Poder Ejecutivo y del Senado de la Nación.De esa manera, quedaba claramente en evidencia que el propósito de la ley de subrogancias era que el Consejo de la Magistratura, usando atribuciones discrecionales, cubriera a su antojo las vacantes de jueces para favorecer al oficialismo y asegurar la impunidad de los actuales funcionarios, sus familiares y sus socios y amigos. Ver más.

La implementación del Código Procesal Penal

Pero la «reorganización de la Justicia» no terminaba ahí.  Se aprobaron también los proyectos sobre implementación del Código Procesal Penal, que violan la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, dado que la Justicia Nacional en lo Penal de la Capital Federal está destinada a ser traspasada a la Ciudad y el Congreso Nacional carece de atribuciones para regularla.Planteamos desde la oposición, en diversas oportunidades, que hubiera sido más razonable disponer la transferencia y diseñar un código procesal penal para la justicia federal poniendo el acento en la investigación de los delitos complejos, que son los que investiga la justicia federal.Es por ello que, al momento de debatir en el Congreso la implementación del Código Procesal Penal, decidimos presentar el siguiente dictamen de minoría. Ver Dictamen.

 Proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal

Por último, cabe destacar, que se aprobó también un proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, una especie de batería de superpoderes para Alejandra Gils Carbó.  La situación se agrava aún más si tenemos en cuenta que la Procuradora, al menos en mi opinión, no goza de la objetividad e imparcialidad necesarias para ostentar el cargo.Del análisis de la ley, resultan inadmisibles las excesivas atribuciones para la titular, que la habilitan para una actuación discrecional pocas veces vista para un funcionario judicial: llevar a cabo la designación de magistrados y empleados en forma unilateral y sin concurso público; cubrir cargos vacantes de forma interina de modo arbitrario; manipular la competencia territorial y funcional de los fiscales, a fin de intervenir indebidamente en el curso de las investigaciones que sean de su interés; realizar un manejo antojadizo del presupuesto, entre otras atribuciones que implican concentración de poder sin que exista ningún mecanismo institucional de supervisión.Si sumamos el cúmulo de atribuciones al titular del Ministerio Público fiscal y la designación arbitraria de jueces y fiscales, da la impresión de que el oficialismo está preocupado por las causas que tramita o tramitará en el futuro cercano la justicia penal, y busca jueces y fiscales que le respondan.  Por estas razones, es que presentamos oportunamente el siguiente dictamen de minoría. Ver Dictamen.

Asimismo, presenté tres dictámenes de minoría que sirvieran como alternativa a las otras  propuestas del oficialismo para reorganizar la Justicia.

• Dictamen de minoría acerca del proyecto de organización y competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal

• Disidencia Parcial sobre el proyecto y la regulación específica de un régimen orgánico para el Ministerio Público de la Defensa.

Proyecto de Modificación del Código Civil y Comercial

Este año entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, con cambios profundos a la norma que regía desde hace más de 140 años y que regula la vida cotidiana de la gente. Lamentablemente el trámite de aprobación en el Congreso no fue del todo regular.Los defectos del proyecto, más la reticencia del oficialismo para aceptar modificaciones propuestas por la oposición o expuestas en las más de 1200 ponencias presentadas en audiencias públicas, motivaron la presentación del siguiente  proyecto de modificación del Código Civil y Comercial de mi autoría. Ver Proyecto.   Ver más

IPC Congreso

Mensualmente y durante todo el año, diputados del arco opositor presentamos el verdadero índice de inflación en contraposición al del INDEC.  Mes a mes vimos cómo el Gobierno Nacional se empeñó en mentirle a la gente y reiteramos el pedido a la presidenta para que reconozca la inflación y admita la realidad.  Nos pusimos a disposición para colaborar en un plan antiinflacionario porque la inflación es el impuesto más regresivo que existe y carcome el salario de los trabajadores.   Lamentablemente no tuvimos respuesta.  La normalización de los índices y la disminución de la inflación son prioridad para el nuevo gobierno de Mauricio Macri.

Atropello a la Justicia y al Dr. Fayt

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados fue utilizada como vehículo para atropellar a la justicia y en particular al Dr. Fayt.  Como es de público conocimiento, dicha comisión intentó iniciar el juicio político al juez Fayt sin una denuncia formal en tal sentido.  Agravó la situación el hecho de que no se expresó causal alguna: ni mal desempeño ni comisión de un delito por parte del acusado.  La única imputación que se le hizo fue ser viejo, y ser viejo no está previsto en la Constitución Nacional como causal de juicio político.Presentamos un amparo en la justicia para frenar el accionar arbitrario de la comisión.Se trató de un embate de naturaleza política para minar la voluntad del Dr. Fayt de permanecer en su cargo y un embate más amplio contra la Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial.

Cristina Fernández de Kirchner trabajó arduamente para asegurarse impunidad futura para ella y para su familia, y la independencia de la Corte Suprema actual no se la garantiza.  Por eso la embestida, el atropello, contra los jueces para obligarlos a renunciar como consecuencia de una presión que se les haga insoportable.